Netflix pierde una batalla legal en Europa: Bélgica la obliga a apoyar el cine local

El Tribunal Constitucional belga rechazó el recurso de la empresa estadounidense contra una ley que exige invertir casi el 10% de su facturación regional en producciones en francés. El caso ahora tiene un nuevo capítulo pendiente en la justicia europea.

La batalla legal entre Netflix y las autoridades culturales belgas tuvo un primer desenlace claro: el Tribunal Constitucional de Bélgica rechazó el recurso que la plataforma de streaming había presentado contra una obligación de inversión en producción audiovisual local. La decisión refuerza el derecho de los estados europeos a proteger su industria cultural frente a los gigantes del entretenimiento digital.


¿Qué dice la ley cuestionada?

En 2023, la Federación Valonia-Bruselas —una de las tres comunidades federadas de Bélgica, que nuclea a los 4,6 millones de habitantes francófonos de Bruselas y Valonia— aprobó un decreto que obliga a las plataformas de streaming que operan en su territorio a incrementar su inversión en contenidos locales en lengua francesa. La exigencia es concreta: pasar del 2,2% al 9,5% de su facturación en la región para 2027. El decreto aplica tanto a Netflix como a Disney+, entre otras plataformas.

Esta normativa no surgió de la nada. Se enmarca en la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD, por sus siglas en inglés), aprobada por la Unión Europea en 2018 y que debía ser incorporada a las legislaciones nacionales antes de septiembre de 2020. Esa directiva establece, entre otras cosas, que al menos el 30% del catálogo de las plataformas debe ser de origen europeo, y habilita a cada país miembro a fijar sus propias obligaciones de inversión en producción local.


¿Por qué recurrió Netflix?

Netflix presentó su apelación en el verano de 2024, argumentando que las exigencias de la Federación Valonia-Bruselas eran desproporcionadas, dada la pequeña dimensión de esa comunidad y de su industria audiovisual. La empresa sostuvo, además, que la medida contradice los principios del mercado único europeo.

Según se trascendió, el recurso no tenía solo un objetivo local: se interpretó como un intento de sentar jurisprudencia en Europa que pudiera utilizarse para debilitar obligaciones similares en otros países del continente, en un momento en que la directiva europea está siendo revisada.


¿Qué resolvió el tribunal?

El Tribunal Constitucional rechazó el grueso del recurso y validó el principio de que una parte significativa de las inversiones debe beneficiar a obras audiovisuales belgas en lengua francesa. Al mismo tiempo, derivó algunas preguntas puntuales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relacionadas con aspectos técnicos de la implementación, como qué tipos de inversiones son elegibles o cómo se contabilizan aportes realizados en otros estados miembros. La primera audiencia ante esa instancia no se espera antes de junio.
Las organizaciones audiovisuales europeas —entre ellas el European Producers Club, la SAA y la UPFF+, que representan a miles de productores, directores, guionistas y compositores— celebraron el fallo y aclararon que la derivación al TJUE no pone en cuestión la validez del esquema de obligaciones, sino solo ciertos detalles de su aplicación.


El contexto más amplio

El fallo llega en un momento políticamente sensible. La directiva europea está siendo revisada, y en ese proceso las plataformas y estudios estadounidenses han intensificado su presión para suavizar las cuotas y obligaciones de inversión. El contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, en el marco de la guerra arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump, añade una dimensión geopolítica a lo que en apariencia es solo un litigio cultural.

Desde el punto de vista europeo, en cambio, la diversidad cultural y lingüística se defiende como un bien que no puede sostenerse sin instrumentos concretos de financiamiento. "La diversidad cultural no puede preservarse sin mecanismos estructurados de apoyo a los talentos y sectores creativos", señalaron en un comunicado las organizaciones del sector.

Netflix, por su parte, se limitó a reconocer la decisión del tribunal y a afirmar que estudiará el fallo en detalle, al tiempo que consideró que el TJUE es la instancia más adecuada para profundizar en la cuestión.